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SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS Imprimir Correo electrónico
Jueves 18 de Octubre de 2012 16:28

Prof. Carlos Alberto Biangardi Delgado. Coordinador del Departamento de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Prof. Dr. Norberto E. Consani. Director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.

La Cuestión de las Islas Malvinas y el desconocimiento británico de las resoluciones de la comunidad internacional.
El 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2065 con respecto a la situación de las Islas Malvinas. Durante la sesión, el canciller argentino, Miguel Ángel Zabala Ortiz, definió al archipiélago como un territorio sometido “a una administración ilegítima, que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ejerce sobre una parte  integrante de nuestro territorio nacional, ocupado por la violencia luego de haber desalojado a la autoridad argentina que ejercía el derecho de soberanía, a título de continuidad innegable de los derechos de la metrópoli española”.

 La resolución 2065 fue aprobada por 87 votos a favor, 13 abstenciones –entre ellas las del Reino Unido y los Estados Unidos de América- y ningún voto en contra, y la misma debe interpretarse como un reconocimiento a los derechos invocados por la República Argentina. Tal interpretación se deriva de las siguientes circunstancias: la República Argentina había proclamado la soberanía sobre el archipiélago y se había opuesto a que pudiere aplicarse el principio de autodeterminación de los pueblos, por no tratarse de una colonia y la resolución 2065 no contiene el acceso a la autodeterminación, ya sea para que el Reino Unido la promueva como nación metropolitana o para que los pobladores la lleven a cabo, por el contrario la desecha al establecer que serán tenidos en cuenta “los intereses de la población de las Islas Malvinas”; de lo que se puede inferir que implícitamente la Asamblea General ha considerado al archipiélago parte del territorio nacional.
En cumplimiento de esta resolución, entre el 11 y el 14 de enero de 1966 se realizaron conversaciones en Buenos Aires entre los cancilleres de ambos países y se pronunció el Comunicado Conjunto “Zabala Ortiz-Stewart”, dando por iniciadas las negociaciones sobre la base de la misma.
Sin embargo estas tratativas nunca fueron encaradas de buena fe por el Reino Unido y pasados ocho años, la Asamblea General de las Naciones Unidas volvía a insistir dictando el 14 de diciembre de 1973 la resolución 3160, fundamentándola en su preocupación, habida cuenta de la ausencia de progresos substanciales en las negociaciones destinadas a resolver pacíficamente la controversia de soberanía y siendo su finalidad instar a las partes al aceleramiento de las negociaciones con el objeto de lograr la solución de la misma. A su vez, la Asamblea General expresa su gratitud por los esfuerzos argentinos tendientes a promover el bienestar de los habitantes y facilitar la descolonización, ya que oportunamente se había informado a la Asamblea General que la aviación argentina realizaba un servicio regular entre la Argentina continental y la capital de las islas, que alumnos malvinenses estudiaban en escuelas argentinas y que este país prestaba asistencia hospitalaria a los habitantes de las islas. Esta resolución se adoptó por consenso y significa un triunfo de la diplomacia argentina.

Pese a ello, el Reino Unido siguió dilatando la solución de la cuestión substancial, que es el problema de la soberanía sobre los archipiélagos que ocupa desde 1833, y poco a poco comenzó a introducir un elemento ajeno a la negociación original: que se debía respetar la voluntad de los habitantes de las Islas Malvinas. Como hemos remarcado al referirnos a la  resolución 2065, la misma establece que se deben respetar los intereses de los isleños no sus deseos. Esta diferencia semántica no es inocente ya que los intereses son “objetivos” mientras que los deseos son “subjetivos”. Respetar la voluntad, es decir los deseos de los isleños, es ubicar el tema en el principio de autodeterminación de los pueblos, contradiciendo la letra expresa de la resolución 2065.
Así llegamos al 1 de diciembre de 1976, en que la Asamblea General, ante los serios incidentes ocurridos a principios de ese año (entre un navío oceanográfico británico que había ingresado ilegalmente a la jurisdicción marítima argentina y se encontraba haciendo estudios en la misma y un buque de guerra argentino), dictó la resolución 31/49 que tiene por finalidad pedir a las partes el aceleramiento de las negociaciones e instar a las mismas a que se abstengan de adoptar decisiones que puedan significar modificaciones unilaterales en la situación. Dicha resolución expresa también, el reconocimiento de la comunidad internacional al gobierno de la República Argentina por los esfuerzos alcanzados para promover el bienestar de la población de las islas y facilitar el proceso de descolonización, reiterando los fundamentos de la resolución 3160. Esta resolución fue aprobada por 102 votos contra 1 (del Reino Unido) y 32 abstenciones.
Sin embargo, el Reino Unido continuó desconociendo el mandato de las Naciones Unidas y en 1978 propuso a la República Argentina incorporar a los territorios en disputa la “plataforma continental de las Falkland Islands y sus Dependencias”,1 las que no eran parte de la disputa original y siempre pertenecieron a la República Argentina (igual que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que son territorios argentinos ocupados por fuerzas militares del Reino Unido). Finalmente, en 1982, propuso a la República Argentina congelar el debate por la soberanía y reducir las negociaciones directas a cuestiones de “cooperación económica”.

En mayo de 1979, al inaugurar su gobierno, la primera ministro británica Margaret Thatcher recibió la propuesta de la instalación de la denominada “Fortaleza Malvinas”, tanto del responsable de la “negociación de la Cuestión Malvinas con la República Argentina”, Nicholas  Ridley, como del propio titular del Foreing Office, Lord Carrington. Dicho proyecto fue pospuesto nuevamente en julio de 1981 por la magnitud de la inversión económica que significaba para el tesoro británico, y finalmente puesto en ejecución durante el período 1982-87 con un costo estimado de 3.010 millones de libras. La misma se encuentra emplazada en Monte Agradable, Isla Soledad, y consta de medios aeronavales de primera generación y una dotación de 2.000 efectivos, integra el sistema defensivo de la OTAN y es una de las bases más grande emplazada fuera del territorio europeo. Allí se adiestran las tropas británicas que van a ser destinadas en Afganistán e Irak.

Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 se produjo la Guerra del Atlántico Sur, por la posesión de los archipiélagos de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ocasión en la que el Reino Unido –que contó con pertrechos militares y asistencia logística de los Estados Unidos de América y la cooperación de la Comunidad Económica Europea, que bloqueó las exportaciones argentinas- se impuso militarmente sobre la República Argentina.
Ocho años después, en 1990, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países y se firmaron acuerdos que en su esencia procuraban el reinicio de las negociaciones bilaterales sobre la cuestión de la soberanía sobre los territorios usurpados por el Reino Unido desde hace 179 años.
Durante esos ocho años la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado anualmente una resolución instando a las partes a reiniciar dichas negociaciones, a lo que el Reino Unido se negaba sistemáticamente.
Lo mismo ha hecho a partir de la firma del acuerdo argentino-británico de 1990, ingeniándoselas para ir posponiendo el tema de la discusión de la soberanía y consiguiendo muchas veces reducir la negociación al tema de la “cooperación económica bilateral” sobre los espacios argentinos usurpados.
A la fecha podemos contabilizar cincuenta y cinco resoluciones de las Naciones Unidas (dictadas ya sea por la Asamblea General o el Comité Especial de Descolonización) incumplidas por el Reino Unido.
El “Informe Franks” en su Capítulo I, ap. 61, pág. 42, desnuda la verdadera intención de la diplomacia británica a partir de la aprobación de la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas hasta nuestros días, cuando transcribiendo expresiones del secretario de Relaciones Exteriores y del Commonwealth dice que era necesario sostener negociaciones “para mantener entretenidos a los argentinos”. Conversar indefinidamente e ir incorporando nuevos temas que amplían considerablemente el ámbito del conflicto y consolidan la posición británica en el enclave colonial del Atlántico Sur.
En este estado de cosas, el Reino Unido, a través de la autoridad colonial de las Islas Malvinas, sigue vendiendo licencias de pesca con una vigencia de hasta veinticinco años a flotas de todos los países del mundo. Dichas flotas, con la protección de las fuerzas militares británicas de ocupación, depredan los recursos vivos marinos de buena parte de la Zona Económica Exclusiva que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar le reconoce a la República Argentina.
Asimismo, desde 2010 ha iniciado una campaña de prospección de hidrocarburos en parte de la Plataforma Continental Argentina que se encuentra dentro de los espacios marítimos que controla desde la base aeronaval de Monte Agradable, en flagrante violación de la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En 2004, habiendo reanudado relaciones diplomáticas con la República Argentina ya hacía catorce años, con la que había firmado una serie de acuerdos y tratados de complementación económica, el Reino Unido tomó la decisión estratégica de trasladar su Comando Naval del Atlántico Sur desde la Isla de Ascensión a la base de Monte Agradable, en el archipiélago de las Islas Malvinas, teóricamente sometido al proceso de descolonización en el marco de lo resuelto por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las Islas Malvinas se encuentran habitadas por 2.478 ciudadanos británicos, algunos de los cuales son descendientes de la población que el Reino Unido transplantó en el lugar cuando practicó la limpieza étnica de los habitantes argentinos que encontró al usurpar el archipiélago en 1833. Ningún país realiza la inversión de la magnitud de la “Fortaleza Malvinas” para colocar prácticamente un soldado a defender a cada habitante. Tampoco realiza dicha inversión en un territorio sujeto a descolonización.
Por lo tanto, el Reino Unido está establecido en el lugar para quedarse, burlándose de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante los últimos años, la República Argentina ha realizado una importante ofensiva diplomática obteniendo el apoyo de la Asamblea General de los Estados Americanos, del Mercado Común del Sur, de la Unión de Naciones Sudamericanas, del Grupo de Río, de las Cumbres Iberoamericanas, de los legisladores de los distintos bloques regionales de América Latina (ParlaSur, Parlamento Andino y Parlamento Centroamericano), de la Cumbre América del Sur-Países Árabes, entre otros. De estos eventos, es necesario destacar la Cumbre de América Latina y el Caribe celebrada en Cancún en febrero de 2010, durante la cual la diplomacia argentina logró el apoyo unánime de sus 32 miembros a “los derechos de la República Argentina” en la disputa con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y “los espacios marítimos circundantes”,2 consiguiendo por primera vez sumar a los países integrantes del Commonwealth, lo que tuvo gran repercusión en la prensa europea, especialmente en Londres.
A todos estos documentos en los que buena parte de la comunidad internacional insta a los Estados en conflicto a encontrar una solución pacífica en el marco de las resoluciones dictadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Reino Unido contestó con una política de fuerza, amparado en la posesión material de facto del territorio y su control militar del mismo y de toda su área de influencia. Así, en septiembre de 2009 procedió al reemplazo de los aviones Tornado F 3 apostados en las Islas Malvinas por modernas aeronaves Typhoons; el 24 de enero de 2010 provocó un incidente de baja intensidad entre la fragata “HSM York” y la corbeta argentina “ARA Drumond” que navegaba en aguas del Atlántico Sur con la misión específica  de identificar a los buques pesqueros que violan los límites de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina; al mes siguiente el gobierno británico envió un submarino nuclear al área del conflicto, el que se sumó a un grupo de comandos del SAS que habían arribado con anterioridad al archipiélago.
Con posterioridad existieron sospechas de vuelos ilegales de la RAF sobre territorio argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego y el aterrizaje de estos aviones de combate en el aeropuerto de la ciudad chilena de Punta Arenas.
Ante la protesta de la diplomacia argentina , tanto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como en los distintos foros regionales en los que participa el país, por esta actitud de desprecio de los medios pacíficos de solución de las controversias por parte del Reino Unido, el ministro de Defensa británico expresó que “los políticos del otro lado del mundo pueden cansarse lo que quieran pero no cambiarán nuestra resolución política de retener la independencia y soberanía de las Islas Malvinas. Tenemos ya aviones de guerra Typhoons estacionados en la zona y enviamos un mensaje muy claro que tenemos poder naval si fuera necesario, y el compromiso de garantizar que las Malvinas se mantendrán libres”.3

Es indudable que la República Argentina, con un esfuerzo diplomático ininterrumpido durante estos 179 años, ha hecho caer una a una las distintas fachadas que la vocación imperial británica fue montando a través del tiempo para tratar de legitimar la usurpación que materializara el 3 de enero de 1833, a siete años de haber firmado con las Provincias Unidas del Río de la Plata un tratado de “amistad, comercio y navegación”, y ante la adversidad de las decisiones tomadas por la comunidad internacional durante los últimos tiempos, reconoce hoy abiertamente que se encuentra en el lugar por una mera cuestión de fuerza, desconociendo las propias resoluciones de las Naciones Unidas, a pesar de ser uno de los fundadores de la misma y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización.

Nota: Este artículo es un fragmento del ensayo publicado en el número 28 de Agenda Internacional. 
1 Anuario en Relaciones Internacionales 2006. Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (IRI).
3 Anuario en Relaciones Internacionales 2010. Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (IRI). Presentación del Departamento de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
3 Anuario en Relaciones Internacionales 2011. Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (IRI). Presentación del Departamento de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
 
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