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El legado de Néstor Kirchner para la política de Derechos Humanos Imprimir Correo electrónico
Domingo 07 de Noviembre de 2010 19:56

floresPor Celina Flores

 

La muerte de Nestor Kirchner conmovió a gran parte de la sociedad argentina, su partida inesperada  ha generado muchas reflexiones. Sin embargo, la masiva despedida protagonizada por sectores muy diversos del país dejó sin palabras hasta a el opositor mas opositor.
Los comentarios posteriores han sido muy diversos, pero claramente hay temas que han sido particularmente resaltados en todas las palabras de homenaje, lo que ha  evidenciado los profundos cambios que la presidencia de Kirchner ha dejado en algunas materias.

 

Así por ejemplo, la presencia constante de Madres y Abuelas durante las exequias denota los cambios que desde el 2003 se han dado en las políticas de Derechos Humanos, poniéndolos como eje transversal de la política de gobierno. Veamos brevemente las medidas que dan cuenta de esta transformación

 

Verdad y Justicia

Muchas críticas se han escuchado, sobre todo en los últimos meses, con respecto al supuesto uso que el matrimonio presidencial ha hecho de “los Derechos Humanos”, pensándolos en estrecha vinculación a las políticas de reparación de las violaciones acaecidas durante la última dictadura militar.


Ante estos comentarios, cabe destacar  que si bien las cuestiones de justicia transicional no fueron parte de la campaña presidencial del 2003, ante un recuento de la situación actual de los juicios de crímenes de lesa humanidad  y de las medidas adoptadas para llegar a tal instancia queda claro que los hechos habla por si solos.

 

Recién iniciada su presidencia Néstor Kirchner recibió a Madres y Abuelas en su despacho, a modo de explicitar sus deseos de terminar con los golpes recibidos durante décadas anteriores, con las diversas leyes y decretos que impusieron la total impunidad para los autores de los peores crímenes acaecidos en toda la historia de nuestro país.


Retomando los primeros empujes de la política de Raúl Alfonsín allá por 1984, los cuales concluyeron en  la realización del Juicio a las Juntas Militares, en el año 2004 desde el Poder Ejecutivo se tomó una clara línea con respecto a la necesidad de poner fin a la impunidad reinante.

 

Es interesante señalar que este empuje no se dió solo en Argentina, sino que fue parte de un proceso internacional evidenciado en los juicios iniciados a militares argentinos en Italia, España y a los pedidos de extradición de militares argentinos de Francia y Alemania.

 

El Poder Legislativo en el año 2003 declaró “insanablemente nulas” las leyes de Punto Final y Obediencia de Vida, y el 24 de marzo del año siguiente la Cámara de Diputados aprobo un proyecto en el cual autorizó al Presidente de la Cámara a “requerir y arbitrar las medidas judiciales pertinentes” para la anulación de los Indultos de 1990. Quedándo así esta decisión en la Corte Suprema.

 

A pesar de estos avances, la Corte Suprema del 2003 no presentó una postura tan clara con respecto a la necesidad de reabrir los procesos judiciales dejando por fuera todos los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que exigian lo contrario.


Ya en el 2005 la historia fue diferente, con la consolidación de la nueva Corte se declaró la nulidad de las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final en el proceso seguido contra Julio Simón (integrante de la Policía Federal Argentina), marcando un cambió estructural en cuanto a la persecución penal de las violaciones a los Derechos Humanos.

 

En julio de 2007 la Corte Suprema a través del caso seguido al General Santiago Omar Riveros declaró la nulidad de los Indultos. El fallo estableció lo que el arco de Organismos de Derechos Humanos venía exigiendo desde 1986: “La impunidad, la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de los secuestros, torturas y desapariciones; es lo que propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. Es, en definitiva, lo que los poderes públicos tienen obligación de combatir”.


Esta medida se extendió a todos los beneficiarios de los indultos de la “era menemista” quienes a su vez eran los principales responsables del plan sistemático de desaparición de personas mas cruento de América Latina.

 

Todos estos pasos, irrealizables sin la presencia de una fuerte voluntad política, nos llevan hoy a escuchar las sentencias a los que se creyeron y fueron  en un momento de la historia los dueños de la vida y la muerte, y los que salvo escasas excepciones nunca se han arrepentido, más aún siempre que han podido han reivindicado sus acciones ante familias que aún no han podido enterrar sus muertos.

 

Memoria y reparación

Conjuntamente a las medidas adoptadas para la nulidad de las leyes de impunidad, se llevaron adelante importantes políticas vinculadas a la memoria y reparación de las víctimas.

 

El 24 de marzo del 2004 Kirchner subscribió un acuerdo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la creación del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos humanos en el predio de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.


El lugar donde funcionó uno de los Centros Clandestinos de Detención mas grandes y crueles de la República Argentina, fue entregado a manos civiles y hoy en día puede ser visitados por todo el que lo desee.


Durante el transcurso de esa celebraciones, Kirchner ordenó descolgar los cuadros de Jorge Rafael Videla y de Reynaldo Bignone del Colegio Militar, y pronunció  un fuerte discurso  ante la vista de gran parte del arco superior de las Fuerzas Armadas en el cual subrayó: "Que este 24 de marzo definitivamente deje en ustedes que son el brazo armado de la patria la conciencia que esas armas, que orgullosamente portan, nunca más pueden ser direccionadas hacia el pueblo argentino".


Estas fueron, entre otras, las medidas más importantes tomadas con respecto al juzgamiento y reparación de las violaciones a los Derechos Humanos que tuvieron lugar durante la década de 1970 en la Argentina.  En términos generales el avance dado en esta materia fue poniendo a  la política de Derechos humanos como eje central  del gobierno de Néstor Kirchner, y claramente una de las cosas que mas se recuerda.


Al momento de enumerar las medidas adoptadas, el papel y la tinta corre facílmente,,evidencia de que un largo camino se ha recorrido. Sinceramente ante el hecho fundamental de que, desde el 2003, el Estado está saldando una deuda pendiente para con las víctimas, familiares; poniendo en hechos y en políticas una extensa lucha llevada adelante por madres y abuelas, la idea de si es un “uso político” pierde relevancia.


Por otro lado, pensar que apelar a los Derechos Humanos puede elevar los números de las encuestas electorales habla de un objetivo cumplido, que una sociedad que (en su mayor parte) hace 20 años resultaba indiferente ante los indultos de los peores criminales, hoy considere a los Derechos Humanos como algo “presidenciable” sería un gran triunfo. Aunque permítanme dudar que esto sea así.


Independientemente del uso o no, de una supuesta voluntad “maquiavélica” que algunos atribuyen a estas políticas a los hechos remitirse, hoy somos una de las pocas sociedades que ha llevado adelante una política intensa de juzgamientos de responsables de crímenes de lesa humanidad consolidando la idea de que el Estado debe ser garante de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y no su principal violador. Eso nos constituye irremediablemente en un sociedad democrática  más consolidada, aunque aún nos quede un largo camino por andar.

 

 

 

 

 

 

 
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