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Argentina y las nacionalizaciones en Venezuela Imprimir Correo electrónico
Jueves 04 de Junio de 2009 21:53

GalianaPor Sergio Galiana

 

En las últimas semanas se actualizó en nuestro país el debate sobre las nacionalizaciones que está llevando a cabo el gobierno de Venezuela desde comienzos del 2007, en el marco de lo que llama la construcción del “socialismo del siglo XXI”.
Esto se debió al anuncio hecho por Hugo Chávez de la compra de tres empresas del grupo Techint (Tavsa, Matesi y Comsigua), que se suman a Sidor, cuyo 59,7% del paquete accionario fue adquirido por Caracas a principios de mayo a cambio de 1.970 millones de dólares.


Estas estatizaciones tienen por objetivo el control total de la industria petrolera por parte del estado, un área considerada estratégica por el presidente venezolano junto con otras como la producción de alimentos, la generación y distribución de electricidad, las telecomunicaciones, las cementeras y el sector bancario.


En todas estas ramas, el gobierno decidió la compra de las principales empresas de capital privado, afectando a entidades de capital venezolano, argentino, mexicano, norteamericano, canadiense, suizo, francés y español, entre otros.

 

En general, las discusiones que en torno a estas expropiaciones se dieron (y se siguen dando) en nuestro país no giran en torno a la legitimidad o racionalidad de la medida sino a la falta de apoyo que el gobierno local debería haberle brindado a Techint, lo que presupone que Techint es una empresa argentina y por lo tanto si sus intereses en el exterior se ven afectados, lo es también el interés nacional.


Quizás sea más pertinente pensar a este grupo como una multinacional de origen argentino pero cuyo principal interés es la maximización de beneficios, por lo que en realidad no hay un interés nacional en juego; de ser así sería improcedente la crítica de las cámaras patronales y de sectores de la oposición a la supuesta inacción de la presidenta Cristina Fernández ante su par Hugo Chávez, pero también lo es el reclamo oficial a la empresa por haber depositado en el exterior los 400 millones de dólares por la venta de Sidor.

 

Debido a las estrechas relaciones que mantienen los gobiernos de Argentina y Venezuela desde la presidencia de Néstor Kirchner, este tema fue además utilizado en el contexto de la campaña electoral con vistas a los comicios del mes de junio.


En este sentido, varios candidatos de la oposición plantearon sus temores sobre una posible “ola estatizadora” en nuestro país al tiempo que algunos aliados significativos del gobierno (como la CGT) expresaron públicamente su rechazo a la compra de empresas por parte del estado nacional.


Sin embargo, el hecho de que las nacionalizaciones se hayan convertido en un tópico de campaña no alentó el debate en torno a su utilidad (o no) como herramienta de política económica.


Esto resulta llamativo, dado que nuestro país tiene una rica historia en este tema: a comienzos del siglo XX, el estado nacional se hizo cargo de diversas empresas privadas dedicadas a la extracción de petróleo que en 1922 dieron origen a Yacimientos Petrolíferos fiscales (YPF).


Poco más de dos décadas más tarde, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y su posguerra, los sucesivos gobiernos militar (1943-1946) y civil (1946-1955) encabezados por Juan Domingo Perón llevaron a cabo una serie de nacionalizaciones. Estas afectaron a una serie de empresas (en su mayoría de capital extranjero) de servicios públicos y de otros rubros definidos como estratégicos en el contexto de un plan de desarrollo industrial definido en los llamados Planes Quinquenales.


Este proceso, que se llevó a cabo con un fuerte estímulo estatal, fue similar al de otros países de la región como Brasil o México y ninguno de ellos puso en tela de juicio el carácter capitalista de sus respectivas economías locales; en este sentido identificar nacionalizaciones con socialismo es un grave error conceptual (o una burda chicana electoral).


Más allá del éxito o fracaso del proceso de industrialización en nuestro país, lo cierto es que su implementación requirió del control estatal de numerosas empresas, la mayoría de las cuales fue privatizada durante la década de 1990, cuando el paradigma económico dominante ya no era el desarrollismo industrial sino el neoliberalismo.


Teniendo en cuenta esta historia, el caso venezolano podría pensarse entonces como una nueva versión de aquel proyecto industrializador característico de la posguerra en Latinoamérica.


Muy distinto es el caso de las nacionalizaciones hechas para socorrer a las empresas afectadas por la crisis mundial, ya que en estos casos la intervención del estado no se da a partir de una guía o un proyecto a largo plazo sino por la coyuntura (y la capacidad de intervención de los distintos estados nacionales).


Este es el caso de la mayoría de las nacionalizaciones realizadas en Argentina en los últimos años, con la excepción de la eliminación del sistema privado de jubilaciones y pensiones.


La mencionada falta de debate en torno al carácter de la intervención del estado en la economía provoca comparaciones equívocas que en el contexto de la crisis actual pueden tener un importante costo de oportunidad para nuestro país.

 
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